Muchas son las definiciones
existentes; no obstante, nosotros la entenderemos como : las determinaciones
adoptadas por los jueces en las sentencias que dicten, esto sin querer
desconocer conceptos de mayor jerarquía doctrinal como aquel que dice:
“las
determinaciones adoptadas por los jueces en el momento de fallar los asuntos
sometidos a su consideración y por lo tanto la predicción de lo que el Tribunal
hará en el futuro”
O el que dice que jurisprudencia es
:
“ La producción jurídica a partir de la interpretación del derecho que
hacen los tribunales y que culmina a nivel de un Tribunal Supremo” .
O el que la define como :
“ ….básicamente una norma de juicio empleada en la aplicación de la ley,”
O el que dice que es :
“ …. El conjunto de decisiones de los más altos tribunales de una
jurisdicción”
O
“ Criterio judicial unánime proferido por los altos tribunales de una
jurisdicción que resuelven un problema jurídico específico o interpretan una
norma con intención vinculante “(1)
O, simplemente, la referida por la
Corte Suprema de Justicia que considera que jurisprudencia es:
“ … el resultado de la ponderación detenida y profunda de las diversas
tesis expuestas sobre los puntos de derecho discutidos por los litigantes,
analizados por doctrinantes y estudiados por los jueces en las instancias; de
tal suerte que las decisiones doctrinales referidas están soportadas en la
experiencia, el conocimiento de los diversos planteamientos esgrimidos en el
desarrollo de los debates judiciales y aún en la actividad académica, de manera
que sus juicios, así debe entenderse, son los que aclaran o definen con acierto
las imprecisiones de la ley o suplen debidamente los vacíos que ésta revela.
(Carlos Isaac Nader Corte suprema de justicia Enero 23 del 2003 Expediente
1870).
Sentimos absolutamente indispensable
referirnos a los elementos que componen una providencia o más específicamente,
una sentencia de un Juez de la República.
¿CUÁLES
SON LOS ELEMENTOS DE LA SENTENCIA?:
Toda providencia judicial tiene tres
secciones básicas : la parte
introductoria, la parte motiva y la parte resolutiva.
1. La
parte introductoria: Es
aquella que define el proceso, identifica a los litigiosos, determina el
momento procesal al cual se va a referir la sentencia, precisa los hechos del
demandante y la posición del demandado, relaciona las pruebas, ubica el litigio
en sus aspectos más importantes y determina la naturaleza de la tarea que va a
desempeñar el Juez en la instancia respectiva.
La experiencia nos ha enseñado que
suele ser la más larga y tediosa parte de las providencias judiciales,
precisamente por carecer los falladores de un buen poder de síntesis, haciendo
inútiles repeticiones que poco aportan a la sentencia.
2. La
parte motiva: Es
aquella en la que el Juez determina los argumentos y juicios mediante los
cuales justifica el porqué de su decisión. La conforman tres elementos
plenamente determinables: la ratio decidendi, el mero dictum y la obiter dicta.
a) La Ratio Decidendi: Es la
formulación básica del principio, regla o razón general que constituye el
sustento fundamental de la decisión judicial.
Es, en esencia, el juicio
lógico-jurídico que sirve de fundamento directo de la parte resolutiva que
impone valoraciones que van más allá de las particularidades específicas del
caso.
"(...)
la ratio dedicendi es la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la
base de la decisión judicial específica.
Es, si se
quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva. Para entender
el fundamento de esa diferencia es necesario tener en cuenta que, como ya se
indicó, el respeto al precedente se encuentra íntimamente ligado a una
exigencia que pesa sobre toda actuación judicial, para que pueda ser calificada
de verdaderamente jurídica y racional y es la siguiente: los jueces deben
fundamentar sus decisiones, no en criterios ad-hoc, caprichosos y coyunturales,
sino con base en un principio general o una regla universal que han aceptado en
casos anteriores, o que estarían dispuestos a aplicar en casos semejantes en el
futuro. Y es que no puede ser de otra forma, pues de los jueces se espera que
resuelvan adecuadamente los conflictos, pero no de cualquier manera, sino con
fundamento en las prescripciones del ordenamiento. El juez debe entonces hacer
justicia en el caso concreto pero de conformidad con el derecho vigente, por lo
cual tiene el deber mínimo de precisar la regla general o el principio que
sirve de base a su decisión concreta. (Corte Constitucional en la Sentencia SU 047 de 1999).
b) El mero dictum u obiter dicta:
Son todas aquellas apreciaciones expuestas por el Juez al motivar su fallo,
pero que no son esenciales para la decisión y por lo tanto no poseen ningún
efecto vinculante.
Son todas las reflexiones
filosóficas o culturales que hace el fallador y cuya fuerza es simplemente
orientadora dependiendo del prestigio y jerarquía del Juez o Tribunal, pero no
son vinculantes; un dictum representa entonces - en principio - un criterio
auxiliar pero no obligatorio para los otros jueces.
“En
cambio constituye un mero dictum, toda aquella reflexión adelantada por el juez
al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión, por lo cual son
opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario.
(...)” (Corte Constitucional en la Sentencia SU 047 de 1999).
3. La
parte resolutiva: Es
el desicum, la resolución concreta del caso, esto es, la determinación adoptada
por el juez fallador o sea aquella parte que viene después de la fórmula
sacramental:“aplicando justicia en nombre
de la república y por la voluntad de la ley…. RESUELVE” y que en esencia es
la razón de ser de todo proceso. Es la parte que nunca podrá suprimirse de una
sentencia y la que en verdad obliga en forma absoluta, a los litigiosos.
Para continuar es conveniente
conocer la importancia de la jurisprudencia antes y después de 1991.
C.
Antecedentes históricos y filosóficos de nuestro ordenamiento jurídico.
El sistema jurídico Colombiano - por
antonomasia - ha estado inserto en las más puras corrientes del Derecho Romano
y Revolucionario Francés. La tradición nos indica que en vez de derecho
oral-consuetudinario existía un modelo rígido, formalista y escrito en el que
la labor del Juez no era la de crear normas o sentar precedentes, sino fallar
de conformidad con el texto legal, utilizando la jurisprudencia como un mero
elemento auxiliar.
En el Sistema Romano-Germánico las
decisiones del juez estaban sometidas enteramente al Imperio de la Ley y por lo tanto, la interpretación natural
que debía hacer el fallador frente al texto legal se reducía a aclarar las
confusiones y los vacíos legales.
La historia jurídica Colombiana
siempre había sentido que sólo es fuente formal y principal de derecho: la Ley
en sentido material, esto es, la Constitución, la ley, los decretos y demás
normas, mientras que las otras fuentes sólo eran criterios auxiliares, por no
decir aislados.
En la antigua Constitución se siguió
el criterio Romano-Germánico y en la actualidad muchos juristas se niegan a
abandonar el imaginario que limita al Juez como un simple instrumentador de la
ley y a la jurisprudencia como un criterio auxiliar que no lo obliga
necesariamente al momento de decidir sobre un asunto en particular.
Ahora, a partir de 1991 la
jurisprudencia ha venido adquiriendo una fuerza vinculante sin precedentes en
nuestro ordenamiento, debido a la creación de la Corte Constitucional, la
tutela y las acciones populares, entre otras.
1. La
jurisprudencia antes de la constitución de 1991.
Bajo la égida de la extinta y
centenaria Constitución de 1886 podríamos decir que el papel del poder
judicial, si bien fue importante, no pocas veces resultó opacado o aislado por
los poderes del legislativo y del ejecutivo.
Sin temor a equivocarnos podríamos
aseverar que el sistema jurídico se acomodaba en el más clásico formalismo del
Derecho Latino, que ofrecía una trascendencia meramente instrumental de las
jurisprudencias y que si bien resulta exagerado desconocer la existencia de sus
antecedentes, estamos seguros que éstos, aunque no tuvieron una absoluta fuerza
obligante si servían como“orientadores” del
administrador de justicia que quisiera - en un momento dado- acogerse a ellos
para soportar y argumentar su decisión.
La aplicación aleatoria de las
decisiones de la Corte Suprema y del Consejo de Estado era la característica
particular, pues si en principio el sistema formalista y legalista no les daba
preponderancia, la antigua Ley 53 de 1887 pretendía que los desarrollos
jurisprudenciales constituyeran un verdadero derrotero al calificarlos, en
algunas situaciones, como doctrina probable. Esta ley, en su artículo 4, dice:
“Los
principios del derecho natural y
las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la
Constitución en los casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez,
norma para interpretar las leyes” (Subrayado y resalte fuera de
contexto).
Como puede verse, el texto nos
resume el rol de la jurisprudencia bajo el mandato de la Constitución de 1.886.
En este orden de ideas, debemos
también traer a colación el artículo 10 de la Ley 153 de 1887, subrogado por el
artículo 4o. de la Ley 169 de 1889, cuyo texto, claro, sencillo y sin ambages
dice:
“ARTICULO
10. Tres decisiones uniformes
dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de
derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos
análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que
juzgue erróneas las decisiones anteriores.”
Siempre hemos creído que los textos
jurisprudenciales son fiel reflejo de las necesidades sociales del momento y
aún cuando se pretenda opacar la importancia del ejercicio de los autores de la
justicia, la interpretación de la ley a través de una sentencia tiene
consecuencias invaluables que sobrepasan la mera aspiración de la norma
escrita.
En este orden de ideas, las
decisiones de los altos organismos de la administración de justicia poseían las
siguientes características:
- Constituían verdaderas reglas de
la actividad judicial
- Interpretaban las garantías
constitucionales.
- Esclarecían las dudas y
confusiones que trajera consigo el texto legal.
- No resultaban vinculantes al operador de justicia.
Durante el imperio de la Constitución
de 1886, la jurisprudencia en Colombia no suscitaba un protagonismo y no
constituía una vinculación
obligante oponible a los jueces de la República, quienes podían
libremente apartase de ella en el momento de fallar, por lo menos en teoría ya
que en la práctica, quien pudiera presentar una que le conviniera tenía un
trecho ganado en su pretensión hasta el extremo que se implementara la
afirmación callejera que “ una leve
alusión de la corte sobre un punto de derecho constituye verdad revelada”,
desde luego si el Juez quería.
2. La
jurisprudencia con la nueva Constitución.
Con la entrada en vigencia de la
actual Carta Política, ésta empezó a ser el núcleo central y supremo de todo el
funcionamiento del Estado; una Constitución con plena obligatoriedad y
efectividad jurídica, muy diferente a la del 1886, que como ya se dijo estaba
desprovista de cualquier obligatoriedad y con escaso protagonismo en la vida de
los ciudadanos.
El preámbulo de la ley de leyes
expresa el querer del pueblo colombiano por fortalecer la unidad de la nación y
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico
democrático y participativo que garantice un orden político, económico, social,
justo y comprometido a impulsar la integración latinoamericana.
También describe como
particularidades de nuestro territorio, el de ser un ESTADO SOCIAL DE DERECHO organizado en forma de república
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalecía del interés general.
A su vez, en el artículo 113(2) devela
la distribución tradicional del poder en las sociedades democráticas, agregando
como aspecto evolutivo de la teoría clásica de la tridivisión la“Colaboración Armónica entre los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial”.
Para el tema que nos importa
tomaremos como fuente principal de análisis lo que reza textualmente nuestra
Carta Magna en su artículo 230, que no pocas veces ha generado polémica y que
aún hoy desencadena arduos debates sobre los verdaderos alcances de la
jurisprudencia en nuestro sistema.
En principio pareciera que este
artículo se afinca en la tradición
latina de la supremacía de la ley, pero con el protagonismo inusitado de
los altos jueces, sin precedentes en la historia jurídica de nuestro país, ante
la creación de la Corte Constitucional, el susodicho artículo 20 nos merece un
tratamiento pormenorizado. Veamos lo que reza:
“Los
jueces, en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley.
La
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina
son criterios auxiliares de la actividad judicial”
Esta infortunada redacción ha
suscitado un enconado debate : Por un lado están los que se atienen a la interpretación exegética del
texto:
- La jurisprudencia para éstos es un
simple “Criterio Auxiliar”; los
jueces deben atenerse únicamente a la ley a la hora de fallar; por ende
los Precedentes no obligan
a un Juez, quien en un caso específico puede apartarse libremente, pues su
criterio auxiliar bajo ninguna circunstancia lo vincula.
Por otro lado están los que se
acogen a una Interpretación
Sistemática del texto:
- Para éstos la expresión “Imperio
de la Ley” se refiere a todo el ordenamiento jurídico en sentido integral; por ende
las jurisprudencias son parte de éste y los precedentes no solo son criterios
auxiliares sino derroteros obligatorios de los cuales un Juez no puede
apartarse caprichosamente.
En este punto la pregunta que nos
surge es si en Colombia la ley establece un sistema de precedentes
jurisprudenciales?
La respuesta es negativa. No
obstante esto, la Corte Constitucional no se ha cansado de delinear las
características novedosas del derecho Colombiano y la efectividad real que
tienen sus precedentes, creándolo por vía jurisprudencial.
El artículo 241 de la carta política
nos dice: “... a la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución…”, mientras que el artículo 4 Ibidem describe a la
Constitución “como norma de normas”;
por ello, si al Tribunal Constitucional se refiere, la jurisprudencia nada más
y nada menos significa : La interpretación autorizada del organismo
constitucional encargado de salvaguardar la Supremacía de la norma de normas.
¿Cuándo
podemos hablar de precedente?
Hemos utilizado indistintamente los
conceptos jurisprudencia y precedente jurisprudencial. Vale la pena entonces
aclarar que la jurisprudencia es
un conjunto más o menos importante de providencias judiciales; en otras
palabras es un concepto
cuantitativo, pues no se detiene en los argumentos, ni en el impacto de
estas decisiones judiciales, sino que se preocupa por su número y frecuencia.
A su vez, cuando hacemos referencia
al precedente jurisprudencial lo
entendemos como un número específico de decisiones en un mismo sentido que
conforma una posición jurídica frente a un tema y que tiene efecto vinculante
para los jueces de la república, siendo por lo tanto un concepto
eminentemente cualitativo.
Se vislumbra como precedente cuando
las sentencias contienen en su parte
motiva un criterio claro y contundente que servirá de guía a los
administradores de justicia para que decidan de conformidad en los casos que
traten el mismo problema.
En el derecho comparado traemos a
colación el caso de México; este sistema jurídico considera precedente un número taxativo de
cinco decisiones judiciales de la Corte Federal, pues uno o dos fallos no hacen
de la jurisprudencia fuente principal de derecho. También es relevante que
estas decisiones se adopten por una cierta mayoría, de modo que las que no
tengan esa mayoría no pueden contarse dentro de las cinco que constituyen
fuente principal de derecho.
En Colombia, en principio, se exigen
tres decisiones de la Corte Suprema de Justicia para que pueda hablarse de
una doctrina probable.
No obstante lo anterior, bajo el
imperio de la nueva Constitución, la obligatoriedad de la Ratio Decidendi carece de cuantificación numérica y no
tendría sentido que debieran de producirse un número determinado de sentencias
para convertirla en obligatoria.
Con lo anterior debemos referirnos
al muy comentado “choque de trenes” para saber si en realidad el mismo existe o
si tan solo se trata de un pensar popular.
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